La venta ilegal de leche en polvo de programas sociales del Gobierno nacional desató un escándalo político en Tucumán, donde la oposición le exige al Ministerio de Desarrollo Social que informe sobre los mecanismos de control de los productos que envía para asistencia.

El hecho salió a la luz por un trabajo del diario La Gaceta que siguió el rastro de una publicación en un grupo de Facebook donde se ofrecían sin disimulo la cajas de leche Santa Clara, que el Estado destina a niños y mujeres embarazadas, además de comedores y merenderos.

En la publicación se ofrecían las cajas de un kilo de leche en polvo a $300 o bolsones de 10 o más a $250 cada kilo. En los productos figuran las leyendas "Prohibida su venta" y "Ministerio de Salud de la Nación - Prohibida su venta - Distribución gratuita".

En los grupos de compra y venta de la red social aparecen decenas de ofertas de esta leche, aunque en la mayoría de los casos se trata de venta hormiga de uno o dos paquetes, que son los que el Estado otorga a los beneficiarios. Pero en este caso se trataba de ventas en cantidades mucho mayores, lo que da cuenta de una irregularidad más importante.

A través del Programa Materno Infantil, el Gobierno nacional entrega dos kilos de leche en polvo por mes a cada niño de hasta dos años y un kilo por mes a mujeres embarazadas. Además, Desarrollo Social entrega el producto a través de módulos a familias sin recursos o a merenderos.

Tras la publicación del caso, los diputados nacionales de Cambiemos Lidia Ascárate y José Cano presentaron un pedido de informe para que el Ministerio de Desarrollo Social detalle cuáles son los controles de la mercadería que entrega en todo el país.

Concretamente, piden información sobre "los mecanismos de control que desde el Ministerio ejercen sobre los depósitos del sistema provincial para garantizar que la mercadería enviada llegue al destinatario correcto y no termine siendo comercializada ilegalmente". Además, solicitan toda la información referente a los productos enviados a.

Por otro lado, la oposición dentro de Tucumán presentó un proyecto de ley para aplicar multas de hasta 100.000 pesos a los que comercialicen estos productos.